El juez Juan Carlos Peinado ha imputado formalmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, por corrupción tras una investigación de dos años sobre sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid.
Las imputaciones incluyen malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida de recursos. Según los hallazgos del juez, Gómez habría utilizado su condición de cónyuge del presidente del Gobierno para asegurar un puesto como directora de un máster en estudios empresariales en la prestigiosa universidad, a pesar de carecer de los requisitos académicos y profesionales necesarios.
La investigación se centra en si Gómez aprovechó recursos públicos y conexiones personales para impulsar intereses privados mediante la creación y gestión de una cátedra universitaria que codirigía. El juez Peinado determinó que existe suficiente prueba para proceder con el juicio por cuatro de las cinco imputaciones originales, descartando solo el delito de intrusión profesional por falta de pruebas.
La cátedra sirvió como medio de desarrollo profesional privado de la persona investigada
Juez Juan Carlos Peinado — Auto judicial
El anuncio de las imputaciones ha generado controversia política al coincidir con la visita oficial de Estado de Sánchez a China, donde lo acompaña su esposa. Funcionarios del Gobierno y el partido Socialista PSOE sugirieron que el momento fue elegido deliberadamente para maximizar el daño político.
Euronews enmarca este caso como un desarrollo judicial significativo con cobertura detallada de los procedimientos, destacando la controversia por el momento político durante la visita a China. Su perspectiva europea resalta los aspectos institucionales del caso, al tiempo que señala el patrón más amplio de desafíos legales que enfrenta el Gobierno de Sánchez.
La BBC enfatiza la naturaleza sistemática de las acusaciones de corrupción contra el círculo de Sánchez, contextualizándolas dentro de un patrón más amplio de problemas legales. Su cobertura se centra en el ángulo de la rendición de cuentas democrática, al tiempo que señala los orígenes de extrema derecha de la denuncia, reflejando las preocupaciones británicas sobre la instrumentalización política de los procesos judiciales.
The Straits Times enmarca este caso desde una perspectiva de gobernanza, destacando cómo múltiples casos de corrupción están presionando al Gobierno de coalición en minoría de Sánchez. Su enfoque asiático se centra en las implicaciones de estabilidad política más que en las batallas ideológicas, reflejando el énfasis de Singapur en una gobernanza limpia y la integridad institucional.
Spiegel enmarca este caso como una grave crisis de gobernanza que justifica los llamamientos a la dimisión, reflejando las expectativas alemanas de altos estándares éticos para los líderes políticos. Su cobertura enfatiza el plazo de dos años de la investigación y las demandas de la oposición, lo que sugiere preocupaciones de rendición de cuentas institucional que resuenan con la cultura política alemana y su énfasis en la transparencia.
Los medios indios enmarcan este caso como un asunto legal directo que involucra el abuso de la posición política, destacando el proceso de investigación institucional más que las implicaciones políticas más amplias. La cobertura refleja el enfoque no alineado de India hacia la política europea, tratando este caso como un asunto interno español sin conectarlo con narrativas geopolíticas más amplias o con las propias experiencias de India en casos de corrupción política.
Los medios saudíes presentan los cargos desde una perspectiva centrada en los negocios, destacando los aspectos formales de los procedimientos legales y el tráfico de influencias que resuenan con las propias preocupaciones del Reino sobre la transparencia en las relaciones entre el gobierno y las empresas. El enfoque evita los comentarios políticos mientras resalta la rendición de cuentas institucional, reflejando el enfoque pragmático de Arabia Saudita hacia los desarrollos políticos europeos que no impactan directamente los intereses regionales.
Los medios turcos amplifican la narrativa que conecta la presunta postura antiamericana de Sánchez con sus problemas de corrupción doméstica, enmarcando esto como una validación de las preocupaciones sobre los líderes que desafían las estructuras de alianzas occidentales. Esta perspectiva refleja la posición compleja de Turquía entre la membresía en la OTAN y la autonomía regional, utilizando los problemas de España para destacar los riesgos de alejarse demasiado de las alianzas occidentales tradicionales mientras se enfrentan problemas de gobernanza interna.
El caso surgió a partir de una denuncia presentada en 2024 por el grupo anticorrupción Manos Limpias, liderado por Miguel Bernad, quien tiene vínculos con organizaciones de extrema derecha. El grupo fue posteriormente expulsado del proceso por no pagar la fianza requerida, aunque la investigación continuó. La Fiscalía General del Estado ha solicitado en repetidas ocasiones el archivo del caso.
Los ministros del Gobierno han salido en defensa de Gómez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó su confianza en que los tribunales superiores revocarán la decisión. El Partido Popular de la oposición ha aprovechado las imputaciones para intensificar sus llamamientos a la dimisión de Sánchez, calificando la situación como "increíble".
Esta imputación se suma a las crecientes presiones legales sobre el Gobierno de coalición en minoría de Sánchez. Su hermano, David Sánchez, enfrenta cargos separados por tráfico de influencias relacionados con su contratación por un gobierno autonómico, mientras que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya está siendo juzgado por presuntamente recibir comisiones en contratos de equipos durante la pandemia.
El caso entra ahora en su fase final, con un plazo de cinco días para que las partes soliciten un juicio oral o presenten escritos de defensa antes de un posible juicio. Tanto Gómez como Sánchez han negado todas las acusaciones, enmarcándolas como una campaña de acoso coordinada por sus oponentes de derecha.
Cuando se abrió la investigación, Sánchez suspendió sus funciones públicas durante cinco días para evaluar su futuro político, en un intento por evitar que la política se hundiera "en el barro". El presidente del Gobierno ha caracterizado los procedimientos legales como parte de una estrategia más amplia para debilitar su gobierno mediante ataques personales a su familia.