El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) detuvo el lunes a Salah Sarsour, de 53 años y presidente de la mezquita más grande de Wisconsin, por alegaciones vinculadas a su adolescencia en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.
Sarsour, un palestino-estadounidense que ha vivido en Estados Unidos durante más de tres décadas como residente permanente legal, fue detenido por más de 10 agentes de ICE mientras conducía. Primero fue trasladado a un centro de detención en Chicago antes de ser enviado a Indiana.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la detención, acusando a Sarsour de mentir en formularios de inmigración y describiéndolo como sospechoso de financiar organizaciones terroristas. Las acusaciones se basan en su condena como adolescente en un tribunal militar israelí por presuntamente lanzar cócteles molotov contra fuerzas israelíes en Cisjordania.
Fue detenido mientras conducía por más de 10 agentes de ICE sin motivo alguno
Sitio web de la Sociedad Islámica de Milwaukee
Los documentos de deportación se centran en el arresto de Sarsour cuando era adolescente por autoridades israelíes para argumentar que brindó apoyo material a extremistas, según Othman Atta, director ejecutivo de la Sociedad Islámica de Milwaukee. Atta negó que Sarsour alguna vez haya apoyado a Hamás.
El medio israelí se centra en las sospechas de financiamiento al terrorismo y los orígenes de Sarsour en Cisjordania. Presenta la detención como una acción policial directa basada en preocupaciones de seguridad.
El medio turco enmarca la detención como un objetivo por su origen palestino y su activismo. Destaca la política más amplia de Trump contra voces pro palestinas y critica las prácticas de los tribunales militares israelíes.
Al Jazeera presenta la detención como parte de un sistemático hostigamiento a defensores palestinos. Resalta la cuestionable naturaleza de los tribunales militares israelíes y enmarca esto dentro de la campaña antiinmigrante de Trump.
Salah Sarsour, presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee y palestino-estadounidense, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., según informó la mezquita el jueves.
Salah Sarsour fue condenado por Israel por lanzar piedras cuando era adolescente, se mudó a EE.UU. en 1993; sus abogados y la comunidad afirman que la detención es un intento de silenciar voces pro palestinas
El caso resalta la controvertida naturaleza de los tribunales militares israelíes en Cisjordania. La organización israelí de derechos humanos B'Tselem reporta que estos tribunales mantienen una tasa de condenas del 96% y tienen un historial documentado de obtener confesiones mediante tortura, a pesar de la ratificación de Israel de la Convención de la ONU contra la Tortura.
La detención ocurre en medio de la política migratoria más estricta del presidente Trump, que ha apuntado especialmente a voces pro palestinas. La administración ha intentado deportar a manifestantes extranjeros, amenazado con retirar fondos a universidades por protestas en los campus y ordenado la revisión de las redes sociales de los inmigrantes.
ser objetivo por su origen palestino y musulmán, y por su defensa de los derechos palestinos
Declaración de la Sociedad Islámica de Milwaukee
Grupos de derechos humanos han condenado las políticas migratorias de Trump como violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión, argumentando que crean un ambiente inseguro para las minorías. Muchos manifestantes detenidos han sido liberados por órdenes judiciales mientras avanzan sus casos, y jueces han bloqueado algunos congelamientos de fondos universitarios.
La administración sostiene que los manifestantes son antisemitas y apoyan a extremistas. Los manifestantes, incluidos algunos grupos judíos, contraargumentan que Trump equivocadamente equipara la crítica a las operaciones de Israel en Gaza con antisemitismo y asocia la defensa de los derechos palestinos con el apoyo al extremismo.
Sarsour llegó a Estados Unidos en 1993 y ha servido como presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee, que opera la mezquita más grande del estado. Su caso ahora se suma a docenas de otros que desafían los esfuerzos ampliados de deportación del gobierno en tribunales federales.