Irán llevó a cabo sus primeras ejecuciones relacionadas con las protestas nacionales que estallaron en septiembre de 2022, ahorcando a tres hombres incluyendo a Mohsen Shekari, un luchador de 23 años que había ganado reconocimiento en competiciones nacionales. Las ejecuciones marcan una escalada significativa en la represión del dissenso por parte del gobierno iraní tras meses de manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
Shekari fue condenado por 'moharebeh' u 'hostilidad contra Dios', un cargo que conlleva pena de muerte según la ley islámica de Irán. Según los medios estatales, fue acusado de bloquear una calle en Teherán y atacar a un miembro de la fuerza paramilitar Basij con un machete durante las protestas en la capital. Los otros dos hombres ejecutados fueron identificados como individuos que participaron en diversas actividades de protesta en diferentes provincias.
Las ejecuciones han generado condenas inmediatas de organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos occidentales, quienes argumentan que los juicios no cumplieron con los estándares básicos del debido proceso. Los activistas sostienen que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y que los acusados fueron negados representación legal adecuada durante procedimientos que duraron solo breves períodos.
El poder judicial de Irán ha defendido las ejecuciones como medidas necesarias para mantener el orden público y la seguridad. Los funcionarios argumentan que los individuos condenados no fueron manifestantes pacíficos sino más bien participantes en actos violentos que amenazaron la estabilidad nacional y la seguridad de los ciudadanos durante la agitación que se extendió por todo el país.
El movimiento de protesta, que comenzó como demostraciones contra las leyes obligatorias del velo, evolucionó hacia llamados más amplios por cambio político y responsabilidad gubernamental. El movimiento vio la participación de varios segmentos de la sociedad iraní, incluyendo estudiantes, trabajadores y profesionales, antes de que las autoridades intensificaran sus esfuerzos de represión a través de arrestos y enjuiciamientos.
American media emphasizes the controversial nature of executing protesters, highlighting international condemnation and concerns about due process violations in Iran's judicial system.
British coverage focuses on the age of the executed wrestler and frames the executions as part of Iran's broader crackdown on anti-government protests, emphasizing human rights concerns.
Iranian state media justifies the executions as legal consequences for violent actions during unrest, emphasizing maintenance of public order and characterizing the executed as criminals rather than protesters.
Los grupos de derechos humanos estiman que más de 500 manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante la respuesta del gobierno a las demostraciones, mientras que miles más fueron detenidos. Las autoridades iraníes sostienen que sus acciones fueron respuestas proporcionadas a lo que caracterizaron como intentos respaldados por el extranjero de desestabilizar la República Islámica.
Los observadores internacionales advierten que pueden seguir ejecuciones adicionales, ya que los fiscales iraníes han solicitado aparentemente sentencias de muerte para numerosos otros individuos arrestados durante las protestas. La situación ha tensionado aún más las ya tensas relaciones de Irán con las naciones occidentales y ha complicado los esfuerzos diplomáticos en curso respecto a diversos asuntos regionales y nucleares.