El parlamento de Israel aprobó el lunes una legislación que convierte a la pena de muerte en la sentencia predeterminada para palestinos condenados por ataques mortales en tribunales militares, cumpliendo así una demanda clave de los socios de coalición de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu.
La ley fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir —quien lució alfileres con forma de soga antes de la votación—, impulsó la medida. La legislación establece que la ejecución por ahorcamiento debe llevarse a cabo en un plazo de 90 días tras la sentencia para palestinos en el Cisjordania ocupado que sean declarados culpables de matar a israelíes en actos que los tribunales militares consideren terroristas.
Los tribunales militares en Cisjordania juzgan únicamente a palestinos, no a colonos israelíes, lo que, según los críticos, crea un sistema legal dual discriminatorio. Bajo la nueva ley, estos tribunales solo podrán reducir las penas a cadena perpetua en "circunstancias especiales". Mientras tanto, los tribunales civiles israelíes —que juzgan a ciudadanos israelíes, incluidos los palestinos con ciudadanía israelí— pueden optar entre la pena de muerte o cadena perpetua para delitos similares.
Hemos hecho historia. Cualquier terrorista que salga a matar debe saber que será enviado al patíbulo
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional — Sky News
Los aliados internacionales condenaron de inmediato la legislación. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la ley de "discriminatoria *de facto*" y advirtieron que "pone en riesgo el compromiso de Israel con los principios democráticos". Los cuatro países describieron la pena capital como "una forma de castigo inhumana y degradante, sin efecto disuasorio".
Sky News enmarca la ley como controvertida y discriminatoria, destacando la condena internacional y las preocupaciones sobre los principios democráticos. El medio resalta el carácter racista de la legislación y su potencial para ejecuciones extrajudiciales.
The Hindu presenta la ley como el cumplimiento de promesas de los aliados de extrema derecha de Netanyahu, al tiempo que señala la crítica internacional. El medio enfatiza los aspectos procesales e incluye contexto sobre el escrutinio existente por la violencia de los colonos.
Dawn enfatiza el carácter discriminatorio de la ley e incluye voces opositoras contundentes de legisladores israelíes. El medio destaca los desafíos constitucionales y enmarca la legislación como la creación de sistemas legales paralelos basados en la etnia.
El País caracteriza la decisión como casi impensable hace años y enfatiza el cambio desde una disposición legal inactiva a un castigo predeterminado. El medio destaca la aplicación discriminatoria a través de tribunales militares que solo juzgan a palestinos.
Las autoridades palestinas rechazaron por completo la legitimidad de la ley. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina la caracterizó como "una decisión de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales institucionalizadas según estándares racistas", afirmando que "Israel no tiene soberanía sobre tierras palestinas y que las leyes israelíes no se aplican al pueblo palestino".
La Asociación para los Derechos Civiles en Israel presentó de inmediato una petición ante el Tribunal Supremo para impugnar la constitucionalidad de la ley. El grupo argumentó que la legislación crea "dos vías paralelas, ambas diseñadas para aplicarse a los palestinos" y viola las Leyes Básicas de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.
¿Entienden lo que significa que haya una ley para los árabes en Judea y Samaria, y otra distinta para el público general del que el Estado de Israel es responsable? Significa que Hamás nos ha derrotado. Nos ha derrotado porque hemos perdido todos nuestros valores.
Ram Ben Barak, diputado de la oposición y exdirector adjunto del Mossad — Dawn
La legislación representa un cambio drástico para Israel, que abolió la pena de muerte por asesinato en 1954 y no ha ejecutado a nadie en más de 25 años. Los tribunales militares en Cisjordania tienen una tasa de condenas de aproximadamente el 96%, con organizaciones de derechos humanos documentando casos en los que las confesiones se obtuvieron mediante maltrato y tortura.
Expertos de la ONU advirtieron que el proyecto de ley contiene "definiciones vagas y demasiado amplias de terrorista", lo que podría permitir la aplicación de la pena capital a "conductas que no son genuinamente de naturaleza terrorista". La ley llega en un momento de tensiones crecientes en Cisjordania, donde la violencia de los colonos contra palestinos ha generado críticas internacionales al gobierno de Netanyahu.
El momento en que se aprueba la ley plantea dudas sobre el compromiso de Israel con las normas democráticas, en un contexto de creciente escrutinio internacional. ¿Mantendrá el Tribunal Supremo este marco discriminatorio o la presión internacional obligará a reconsiderar una ley que parece institucionalizar sistemas judiciales separados basados en la etnia?