El parlamento de Israel aprobó el lunes por la noche una legislación que establece la pena de muerte para palestinos condenados por asesinatos relacionados con el terrorismo, marcando una escalada significativa en los castigos que los críticos denuncian como discriminatorios y legalmente cuestionables.
La Knesset aprobó la medida con 62 votos a favor y 48 en contra tras más de diez horas de debate. El primer ministro Benjamin Netanyahu asistió personalmente a la sesión para emitir su voto a favor de la legislación, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir.
La ley crea un sistema judicial de dos niveles. Para los palestinos en la Cisjordania ocupada juzgados por tribunales militares israelíes, la ejecución por ahorcamiento se convierte en la sentencia predeterminada para asesinatos clasificados como terrorismo. Los ciudadanos israelíes juzgados en tribunales civiles conservan la discreción judicial entre la pena de muerte y la cadena perpetua.
A partir de hoy, cada terrorista sabrá, y todo el mundo sabrá, que quien quite una vida, el Estado de Israel le quitará la suya
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional — CBC News
La legislación exige que las ejecuciones ocurran dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, con posibles extensiones de hasta 180 días. Elimina el requisito anterior de decisiones judiciales unánimes, permitiendo sentencias de muerte por mayoría simple. Los reclusos condenados enfrentarán un estricto aislamiento con acceso familiar limitado.
Enmarca la ley como una legislación discriminatoria impulsada por líderes de extrema derecha que se dirige específicamente a los palestinos. Destaca las críticas de grupos de derechos humanos y la naturaleza controvertida de la medida.
Presenta la ley como ampliamente condenada a nivel internacional, destacando la oposición europea y los desafíos legales. Se centra en los aspectos discriminatorios y las preocupaciones constitucionales planteadas por organizaciones israelíes de derechos civiles.
Ofrece una cobertura integral que incluye tanto las perspectivas de los partidarios como de los críticos. Informa de manera factual sobre el proceso legislativo, al tiempo que señala las críticas internacionales y los desafíos legales inmediatos a la medida.
Destaca las advertencias de activistas de derechos humanos y los llamamientos de Alemania a Israel antes de la votación. Enmarca la ley como un objetivo efectivo solo contra los palestinos, a pesar de su lenguaje más amplio sobre el terrorismo.
Resalta la naturaleza controvertida y racista de la ley según los críticos. Señala la oposición del gobierno neerlandés y enfatiza la aplicación discriminatoria que afecta principalmente a los palestinos.
Los desafíos legales surgieron de inmediato tras su aprobación. La Asociación para los Derechos Civiles en Israel presentó una petición ante la Corte Suprema, argumentando que la ley viola principios constitucionales y excede la autoridad parlamentaria sobre el territorio ocupado.
La condena internacional precedió a la votación. Reino Unido, Francia, Alemania e Italia emitieron un comunicado conjunto calificando la medida como discriminatoria y contraria a los principios democráticos. Países Bajos e instituciones europeas se sumaron a estas preocupaciones.
Esta ley es inconstitucional, discriminatoria por diseño y promulgada sin autoridad legal
Asociación para los Derechos Civiles en Israel — France 24
El impacto práctico se centra en los palestinos de Cisjordania, que enfrentan tribunales militares con tasas de condena cercanas al 100 % según organizaciones de derechos humanos. Los colonos israelíes en el mismo territorio son juzgados bajo la ley civil, creando sistemas judiciales paralelos.
Israel ha mantenido la pena capital desde 1948, pero solo ha ejecutado a una persona: al oficial nazi Adolf Eichmann en 1962. La nueva ley representa un cambio drástico respecto a esta moratoria de facto, impulsada por la política de coalición y la presión de la extrema derecha.
Los legisladores de la oposición condenaron la medida durante el debate. La legislación también prohíbe futuros intercambios de prisioneros que involucren a quienes sean condenados a muerte, eliminando una herramienta diplomática tradicional utilizada en negociaciones pasadas.