El Congreso de Argentina aprobó el jueves una legislación que debilita las protecciones para glaciares y suelos periglaciares en la cordillera de los Andes, abriendo áreas previamente restringidas a operaciones mineras. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del presidente Javier Milei con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras más de once horas de debate.
La reforma altera fundamentalmente la ley de glaciares de 2010 en Argentina al limitar la protección total a glaciares con una "función hidrológica comprobada". Los entornos periglaciares —formaciones de permafrost y cuerpos de hielo más pequeños que rodean los glaciares— pierden la protección automática y serán evaluados caso por caso mediante estudios técnicos.
La autoridad sobre las clasificaciones de glaciares pasa de manos del gobierno federal a los gobiernos provinciales. Ahora, las jurisdicciones locales determinan qué formaciones permanecen en el Inventario Nacional de Glaciares y qué áreas se abren a actividades extractivas. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales mantiene la supervisión técnica, pero opera bajo las decisiones provinciales.
Estimaciones del sector minero sugieren que los cambios regulatorios podrían desbloquear más de 30.000 millones de dólares en inversiones en la próxima década, con aproximadamente el 70% dirigido a nuevos proyectos de cobre, oro y plata. Argentina posee reservas estimadas de cobre de 17,1 millones de toneladas métricas, concentradas en provincias del noroeste donde las reservas glaciares se han reducido un 17% en la última década debido al cambio climático.
Miles de manifestantes se congregaron frente al parlamento el miércoles, sosteniendo carteles que decían: "¡El agua es más valiosa que el oro!" y "¡Un glaciar destruido no puede ser restaurado!". Siete activistas de Greenpeace fueron detenidos tras escalar una estatua y desplegar una pancarta instando a los legisladores a no "traicionar al pueblo argentino".